Desde que asumió el cargo en diciembre de 2018, AMLO ha dejado claro que una de las más altas prioridades es mejorar la eficiencia en el gasto público, lo que significa cambiar la forma en que el gobierno administra las compras en todos los sectores de la industria, incluidos los servicios de salud. Las reglas del juego están cambiando. Los riesgos son altos para todas las partes interesadas, particularmente para los participantes establecidos y los pacientes. Repasemos algunas cifra clave sobre el sistema de salud de México:

• Gasto del sector salud: 5,5% del PIB
• Gasto del sector público de salud: 10,4% del gasto público
• Total de camas de hospital: 167 000
• Porcentaje del total de camas que corresponde al sector público: 82%

El sector público representa más del 80% de las camas de hospital en México y aproximadamente el 60% de los ingresos de participantes establecidos, ya sean fabricantes de equipos médicos, de dispositivos médicos, de productos farmacéuticos o de insumos. El sector público es un gran negocio en el que la adjudicación de licitaciones es un factor crucial para mantener los ingresos por ventas. Los fabricantes a menudo se asocian con distribuidores para aprovechar los contactos locales y ampliar el alcance. Y en un país donde los sobornos son un facilitador común de los negocios, no sorprende que las políticas anticorrupción de AMLO busquen reformar los procesos de compra.

Principales cambios estructurales en las licitaciones públicas

1. Las licitaciones se consolidan aún más. Las licitaciones del gobierno son una práctica común generalmente organizada por tipo de institución, estado o región. Estas se están consolidando y gestionando de forma centralizada, reduciendo así el número global de licitaciones y aumentando lo que está en juego para los participantes. La teoría es que con un mayor volumen y un mayor nivel de participación, los participantes se verán obligados a ofrecer precios más competitivos, lo que reducirá sus márgenes de utilidad. Al hacer esto, también serán más limitadas las oportunidades para llevar a cabo prácticas corruptas.
2. Se buscan eficiencias para reducir los volúmenes. Las autoridades están especulando que una mayor consolidación de las licitaciones conducirá a una mejor administración de los bienes adquiridos. Como tal, las licitaciones consolidadas son de menor volumen que la suma de sus partes anteriores.
3. Se está expulsando poco a poco a los distribuidores. Se está convocando directamente a los fabricantes a participar en las licitaciones y se está sacando del juego a los distribuidores. El objetivo es bajar los costos mediante la eliminación de los distribuidores y sus respectivos márgenes. Además, los fabricantes internacionales generalmente tienen políticas anticorrupción más estrictas. El gobierno mexicano planea administrar la logística directamente, desde el almacenamiento hasta la distribución.
4. Se están procurando productos internacionales para bajar los costos. Por lo general, la participación en licitaciones públicas estaba reservada para empresas cuyo país de origen tuviera un tratado de libre comercio con México. Como tal, se excluía a muchas empresas internacionales, en particular las asiáticas, de posibles ventas al sector público. Se espera que la apertura de las licitaciones para incluir empresas de todos los países ejerza una mayor presión a la baja en la fijación de precios.

Las partes interesadas afectadas

Productos con estándares de calidad comprobados y establecidos, los pacientes que dependen de ellos, los médicos que los utilizan, las compañías que los fabrican y los proveedores que los distribuyen

• Pacientes que dependen de productos innovadores y/o que presentan casos sujetos a limitaciones temporales
• Pacientes menos pudientes que dependen de los servicios de salud del sector público
• Médicos que están acostumbrados a usar productos con resultados comprobados
• Fabricantes de productos con alto contenido de propiedad intelectual (PI)
• Proveedores de soluciones de valor agregado
• Distribuidores centrados en el sector público

Además, el sistema de salud en general se volverá menos eficiente a medida que el gobierno mexicano intente convertirse en el único distribuidor de productos para los hospitales públicos. Esto perjudicará todavía más la capacidad del sistema para pasar a la atención basada en el valor.

En lo que respecta a los productos, la carga impuesta en el ecosistema de servicios de salud irá en aumento a medida que los pacientes y los médicos que los atienden utilicen productos de menor calidad, que suelen ser menos eficaces y tener mayores tasas de fracaso.

Dichos riesgos también representan una amenaza para la producción y la cadena de valor, es decir, para los fabricantes y distribuidores ya establecidos. Se espera que el efecto combinado de dichas políticas reduzca el mercado potencial de equipos médicos, dispositivos médicos, productos farmacéuticos e insumos por más del 50%.

La licitación consolidada para la procuración de medicamentos (para el segundo semestre del ejercicio fiscal de 2019) ya está mostrando signos de ineficiencia. Los principales puntos de inquietud incluyen:

1. Algunos precios máximos aceptables son más bajos que los de licitaciones anteriores.
2. Licitaciones abiertas a licitadores internacionales.
3. Fechas de entrega injustificadamente ajustadas.
4. Procedimientos comerciales (pagos, términos y condiciones de venta) poco claros.

Estas variaciones pueden desalentar a las empresas de participar en la licitación, creando así una escasez de productos en el mercado.

Cómo las empresas podrían adaptarse al “AMLO-Care”

En el proceso de ajustarse a estos cambios, los fabricantes tendrán que cambiar la forma en que analizan el mercado. La partida de ingresos brutos se verá afectada de manera tan drástica que los puntos de referencia históricos dejarán de ser relevantes. En su lugar, las métricas como la utilidad bruta y la participación de mercado serán más apropiadas y reflejarán el desempeño con mayor precisión.

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